El New’s Divine Foto: Especial

No se ha sabido de alguna razzia reciente contra adolescentes y jóvenes en discotecas y centros de diversión en la Ciudad de México. No al menos como la del New’s Divine y el operativo que se le salió de control a la Policía capitalina y causó la muerte a nueve jóvenes y tres uniformados. Hasta entonces esas vejaciones y extorsiones a jóvenes de escasos recursos —primero los pobres— eran muy frecuentes y toleradas por el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard (y por todos los anteriores gobiernos del PRD y del PRI), quien después de la tragedia declaró que hubo “graves errores” en ese operativo realizado la tarde del viernes 20 de junio de 2008, reconoció que esos acontecimientos son “indignantes” y “éticamente irresponsables”, se comprometió a aplicar la ley “para que no exista impunidad” y reiteró su solicitud a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para que interviniera en las tareas de investigación. En el boletín de prensa 155/2009 de la CDHDF se lee: “A un año de los acontecimientos (...) el presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza Longoria, exigió justicia ejemplar junto con los familiares y amigos de las víctimas, en lo que calificó como un caso paradigmático de violación de los derechos humanos de las y los jóvenes de la ciudad de México”, y que “a un año no hay responsabilidades penales definidas, no hay culpables penales definidos, y ese es el tema más grave”. Sin ruborizarse, Álvarez Icaza pasa por alto que fue él mismo el que exculpó a Marcelo Ebrard, atribuyéndole tan sólo “responsabilidad ética” al secretario de Seguridad y al procurador de Justicia, a quienes el jefe de Gobierno pidió su renuncia —acto con el que pretendió restituir la moralidad de su autoridad.

Es pertinente recordar esto porque el seis de noviembre el Senado definirá la terna de candidatos de la que saldrá el siguiente presidente de la CNDH. Álvarez Icaza, uno de los 27 aspirantes, es apoyado por 500 organizaciones civiles (según el sitio emilioalvarezicaza.info, donde pide ayuda económica para su campaña), así como de personalidades como José Woldenberg, Denise Dresser, Clara Jusidman y Ernesto López Portillo, que a su vez son consejeros de la CDHDF.

Sin embargo, el respaldo no es unánime y hay quienes están convencidos —me incluyo— de que Álvarez Icaza no es un buen candidato a la presidencia de la Nacional. Las razones de esta oposición se han hecho públicas pero al parecer han pasado inadvertidas para sus entusiastas y muy políticamente correctos postuladores. Además de la exculpación de Marcelo Ebrard en el caso New’s Divine, Álvarez Icaza también cometió irregularidades e injusticias durante su gestión, como el cierre arbitrario del Centro de Atención Integral y Servicios (CAIS) que ofrecía servicios médicos, psicológicos y legales a sexoservidoras —y a sus familiares— del área de la Merced, históricamente vejadas y extorsionadas por la policía capitalina. El relato de esta clausura fue ampliamente documentado por la psicóloga y terapeuta Elvira Reyes Parra —ex trabajadora del CAIS— en su libro Gritos en el silencio: niñas y mujeres frente a redes de prostitución. Un revés para los derechos humanos, publicado por Miguel Ángel Porrúa y, ojo, la Cámara de Diputados en 2007.

Álvarez Icaza, que nunca ha querido dialogar con sus críticos, no es el ombudsman que necesita el país. No defiende los derechos humanos, hace política: simulación.

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