La antipatía por la incompetencia de los legisladores para aprobar una legislación fiscal benéfica para los mexicanos promedio, en lugar de beneficiar a las élites, provocó demandas para emprender reformas de fondo como enmendar la Constitución y permitir la reelección de diputados y senadores. “Estos cambios aumentarían la responsabilidad de los legisladores hacia su electorado en vez de sus jefes de partido e intereses especiales”, argumentó Santiago Creel durante su visita a Washington a fines de octubre.

La reelección no es una panacea, y así lo prueba el Capitolio de EU donde por lo menos 30 de los miembros de la Cámara de Representantes están bajo investigación por violaciones a la ética: viajes todo pagado a centros turísticos en el Caribe, recortes de las tasas hipotecarias de sus casas y la canalización de millones en fondos federales a clientes de influyentes firmas de cabildeo a cambio de contribuciones para sus campañas electorales, como lo reportó The Washington Post. Entre los mencionados destacan el diputado John Murtha, demócrata por Pennsylvania y presidente del poderoso subcomité de Apropiaciones de Defensa, aliado de la diputada californiana Nancy Pelosi, quien al convertirse en líder de la Cámara en noviembre de 2006 prometió “drenar el pantano de corrupción en el Capitolio”.

La reelección fortalece “El Triángulo de Acero” —legisladores, intereses especiales y la burocracia— que controla a Washington. Opera así: un legislador recién electo de un estado con bases militares busca un lugar en el Comité de las Fuerzas Armadas. Mientras gana antigüedad, puede llegar a presidir un subcomité para promover proyectos de defensa multimillonarios en su distrito con el apoyo de corporaciones interesadas. La Marina favorece a los contratantes de distritos cuyos representantes están en el Comité de las Fuerzas Armadas, encargado de aprobar proyectos, y del Comité de Apropiaciones, que los incluye en el presupuesto de Defensa. El Pentágono representa el tercer punto del triángulo. Los 23 mil civiles y personal militar que trabajan en el edificio más grande del mundo quieren mantener sus empleos y ganar promociones al trabajar con legisladores y contratistas militares, frecuentemente llamados “Bandidos del Beltway”, porque sus oficiales están ubicados a lo largo de la carretera periférica que circunda Washington. Su éxito depende de procurar que las nuevas armas les representen promociones, sueldos más altos, mayor prestigio, más empleados e influencia adicional en la burocracia. Con demasiada frecuencia este golpe de suerte de tres vías entre políticos, cabilderos y funcionarios impulsa el financiamiento de armamento que termina por costar mucho más de lo proyectado y que resulta obsoleto una vez entregado.

“Entregar el tocino” o generar empleos relacionados con la Defensa, asegura a los políticos su reelección, engrosa las carteras de los “Bandidos del Beltway” e impulsa las carreras de los militares y servidores públicos. Invariablemente los perdedores son los derechohabientes de cuyos bolsillos el Tío Sam extrae los recursos que hace que los militares de EU eclipsen a la mayoría de sus similares de todo el mundo. Limitar los periodos legislativos sería desventajoso, pero reduciría la posibilidad de que se forme esa trilogía.

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Traducción: Jeanette Becerra Acosta