Foto: Marco Ugarte/AP

La primera vez que Jacinta Francisco Marcial apareció en la prensa fue en una nota sobre la caminata de ocho días que cada año realizan fieles de su estado rumbo a la Basílica de Guadalupe. La siguiente fotografía suya publicada le costó tres años de cárcel: fue usada como prueba de su participación en el “secuestro” de seis agentes federales. Su rostro se hizo conocido en todo el mundo cuando Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia, tras investigar y concluir que era inocente de los cargos que se le imputaban.

Todo empezó el 26 de marzo de 2006. Era domingo, día de tianguis en Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, Querétaro. Seis agentes sin uniforme de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) confiscaron la mercancía de varios comerciantes bajo el alegato de que era de piratería. Los afectados exigieron a los agentes que se identificaran, ellos se negaron y la protesta de los tianguistas creció hasta que el jefe regional de la AFI ofreció pagar en efectivo los daños causados. Como garantía de que regresaría, ordenó al agente Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas que permaneciera en el pueblo. Mientras, Jacinta Francisco Marcial desafiaba al sol queretano con su puesto de nieves y aguas, a más de 100 metros de donde inició la trifulca.

Cinco meses después, Jacinta, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio —las tres indígenas ñhañhus— fueron acusadas de secuestrar a los agentes del operativo y el juez Rodolfo Pedraza Longhi las sentenció a 21 años de prisión y una multa de dos mil días de salario mínimo. Jacinta ni siquiera participó en el incidente del tianguis; toda la evidencia en su contra era su fotografía publicada en un diario local y declaraciones contradictorias de los entonces miembros de la AFI.

Con su esposo Guillermo Francisco. Foto: Edgardo M. Montero

LA PESADILLA

Jacinta mide alrededor de un metro y medio; sus ojos, sus manos y su rostro tienen una suavidad redondeada. Refiere su estancia en la cárcel como un sueño que más bien parece pesadilla: el tres de agosto de 2006 la detuvieron y la llevaron a la ciudad de Querétaro. “Yo había salido temprano a invitar gente para un retiro que íbamos a hacer en octubre”, relata Jacinta a M Semanal. Cuando regresó, unas personas vestidas de civil “dijeron que me fuera con ellos para declarar algo sobre (la tala de) un árbol”. Entonces Jacinta hablaba apenas 20 por ciento de español, según estudios antropológicos realizados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Querétaro. “Ahora hay palabras que todavía no entiendo, y pregunto y ya entiendo. Aprendí a leer tantito, pero de escribir no. Hay muchas palabras que no sé qué significan”, explica.

Aún después de lo que pasó tiene la risa fácil y muchos hechos relacionados con su encarcelamiento los recuerda riendo. Como el 19 de diciembre de 2008, cuando el juzgado dictó sentencia de 21 años de prisión en su contra por el delito de privación ilegal de la libertad. “Mis compañeras me decían qué era el secuestro. Pero yo todavía como que no entiendo bien cómo se hace para secuestrar”, explica. Las autoridades la obligaron a firmar declaraciones en una lengua que prácticamente desconocía y careció de la asistencia de traductores durante casi todo el proceso legal.

Cuando recibió la sentencia no quiso avisar de inmediato a su familia: sus seis hijos y seis nietos esperaban tenerla de vuelta en casa para esa Navidad. Ante la inminencia de las fiestas “les dije esto no se va a resolver rápido, hay que esperar más. Y así, poco a poquito les fueron diciendo, uno por uno”, recuerda.

El camino de Santiago Mexquititlán al Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, donde estuvo presa Jacinta, no es sencillo. “Tomábamos autobús a Querétaro y luego dos camiones. Como 120 pesos por persona”, explica su esposo Guillermo Francisco, quien hace de traductor cuando ella no entiende alguna pregunta.

Fueron esas visitas las que le permitieron sobrevivir al tiempo largo de la cárcel donde sufrió un doble aislamiento: primero por el encierro y luego por sus dificultades —no sólo lingüísticas, sino también culturales— para comunicarse con sus compañeras. Los vestidos de las ñhañhus tienen los colores vivos del campo: rosas y verdes encendidos, azules, amarillos. “Cuando me fui yo llevaba esta ropa”, dice señalando su falda de manta blanca y su blusa de cuello plisado. En la cárcel tuvo que usar pantalón por primera vez en su vida. “Yo les decía no, no me gusta”, pero al final tuvo que cambiar sus coloridos atuendos por faldas y blusas beiges. “A mí me gusta mi ropa, siempre desde niña me he vestido así”. Para ella es un orgullo que sus hijas y sus nietas aún vistan el atuendo tradicional.

Foto: Siete Foto

“ME DABA CORAJE NO ENTENDER”

“La gente allá era bien distinta a la de aquí. Y yo que nunca había andado en otra parte… (se) me hizo muy difícil sin conocer, y vivir con gente de diferentes partes… (todas acusadas) de diferentes delitos”. En México, según Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 60 por ciento de las mujeres presas fueron condenadas por delitos contra la salud. Alberta Alcántara, detenida junto con Jacinta, fue acusada por posesión de 400 gramos de cocaína. Jacinta explica: “Ni sabía qué era. La primera vez, cuando estábamos las tres (Teresa, Alberta y yo), empezaba a platicar una compañera que estaba ahí porque le habían encontrado no sé cuántos tabiques, pero nosotras pensábamos que tabiques para las casas, que traían en medio (la droga). ‘¿Qué no conoces?’, nos decían”.

Jacinta nació y creció en Santiago Mexquititlán, poblado ñhañhu cercano al río Lerma. Su madre murió cuando ella tenía dos años y su padre hace una década. Para ella es una suerte que ninguno de los dos la viera en la cárcel. “A mí no me da pena, yo sé que no hice nada”, explica, pero también imagina el dolor que les hubiera causado.

Al principio de su encierro, Jacinta lloraba a menudo. A las preguntas de sus compañeras la respuesta era muchas veces idéntica: “Es que me dijeron unas cosas y no entendí nada, nada”, relata Jacinta. “Cuando me notificaban yo no entendía, no sabía, y me daba coraje no entender, me ponía a llorar de coraje”.

REZAR, ORAR, LLORAR

Antes de su encarcelamiento Jacinta visitaba ancianos y enfermos y participaba en grupos de oración. Pero cuando llegó al penal ni siquiera tenía fuerzas para orar. “Los primeros días, cuando llegué allá, lo que quería era que me dejaran ir. Ya después muchos me decían, tú ora o reza para que Dios te dé fuerza. Yo ya no tenía ganas… se me olvidó todo. Ya no sabía qué decir, más que si Dios es su voluntad, que me dé más fuerza para estar en este lugar, y si no que me lleve porque yo ya no puedo ni rezar”. La voz de Jacinta cambia conforme va recordando. Mueve nerviosa las manos y su mirada se ensombrece. “Después de eso como que sí me hice un poco más fuerte. Aunque estaba en la cárcel me sentía libre, porque mi conciencia estaba bien. ‘Dios sabe que no hice nada’, decía”.

Jacinta acompañada por integrantes de su comunidad. Foto: Archivo de la familia Francisco

LA MISMA, PERO DISTINTA

A la una de la mañana del 16 de septiembre Jacinta cruzó por fin la puerta del penal de San José el Alto para volver a casa. Aunque le llevó poco más de hora y media llegar, comprender que la pesadilla había terminado le ha tomado mucho más tiempo. “Ya tengo un mes que salí, pero todavía no siento si estoy aquí o allá, todavía no me acostumbro. Ahorita que regresé todo cambió. No he vuelto al tianguis a vender aguas, ahora nada más quiero estar aquí”, dice mirando su casa con un patio amplio en el centro, en torno al cual se han establecido algunos de sus hijos. “Ya fue mucho tiempo afuera”.

Aunque en la cárcel aprendió a hacer canastas con papel reciclado, servilletas y manteles en punto de cruz, bolsas tejidas, cojines bordados de listón y trabajos de deshilado, no piensa en esas habilidades como un medio de subsistencia. Por ahora sólo quiere recuperar su vida como era antes. Jacinta es la misma, en sus ojos que se iluminan al ver a sus nietos, en la forma de ponerse su cinturón bordado y recogerse el cabello. Pero es también otra: se expresa con fluidez en español, está más habituada a tratar con gente extraña. Recuerda que cuando vio por primera vez a Ricardo Rocha, quien la visitó en la cárcel para entrevistarla, lloró. Ahora ya no teme a la prensa. Bromea cuando recuerda que a su salida de la cárcel la esperaban más reporteros que familiares porque algunos de sus hijos y nietos no pudieron ir a recibirla.

El día de su excarcelación Jacinta declaró que acudiría a la iglesia de Atotonilco para “dar gracias”. Y cumplió: como hacía varias veces al año, asistió a los ejercicios espirituales que se realizan en las instalaciones del antiguo convento. “Salirme, ya estar en mi casa, pienso que eso es libertad”. Jacinta dice que esos retiros le han ayudado a no guardar rencor contra los agentes que declararon en su contra. “Tal vez ellos lo hicieron porque no sabían lo que hacían... Nada más agarran a una gente porque está en el periódico. Yo no sé si ellos no investigan... no saben lo que pasé”.

TRES AÑOS PERDIDOS

La cárcel es una herida que no cicatriza fácil. Guillermo Francisco resume la ausencia de su mujer en una frase: “Llevamos 30 años de casados, bueno 27, porque fueron tres años perdidos”. Ahora sus ojos no se despegan de su esposa, los gestos de ambos resultan tan cómplices y acompasados que resulta difícil imaginarlos separados.

“Cocinar yo mismo, atender la casa era lo de menos. Lo que más extrañaba era la comunicación, hablar con mi esposa cuando pasaba algo con los hijos… Cuando moría algún familiar, cuando me invitaban a las fiestas… era lo más duro”, explica don Memo. Un hijo suyo pensó en casarse mientras Jacinta estaba en la cárcel. Pero al final pospuso una y otra vez la boda en espera de la liberación de su madre. A la pregunta de si ahora sí habrá fiesta, Jacinta responde con su sonrisa suave: “Pues no, no. Ya viven juntos. Y gastaron mucho en estar yendo, no hay dinero”. El tiempo y la pena dejaron huella también en su casa: no hay animales en el patio y al frente, sobre el camino que da acceso al poblado de Santiago, se ve el local cerrado de una paletería que nunca llegaron a abrir porque los gastos en abogados y visitas consumieron parte significativa del patrimonio familiar. La Procuraduría General de la República (PGR) determinó el pasado 22 de septiembre que la reparación del daño a Jacinta no procederá, pues ella recibió su libertad “no porque se haya acreditado su inocencia, sino porque a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra, no fueron corroborados con otros medios que pudieran probarlo”. Andrés Díaz, abogado que colaboró en la defensa, señala: “Al presentar conclusiones de no acusación, la PGR está reconociendo que es inocente. Luego públicamente dice una aberración: que no es inocente. Entonces si es culpable pero no es inocente, ¿qué es?”.

Para Jacinta los vericuetos legales ya no importan, y a la pregunta de qué es para ella la justicia responde: “Todavía no entiendo bien qué es eso”. Ahora que está de vuelta con su familia, ni siquiera los malos recuerdos de los últimos tres años empañan por completo su alegría. “A nosotros nunca nos había tocado, pero todos los días pasan cosas feas a la gente. Yo sólo trato de olvidar”.

Teresa y Alberta, libertades pendientes

Alberta Alcántara trabajaba en una maquiladora de pantalones y había ido al tianguis de Santiago Mexquititlán a visitar a Teresa González, esposa de su hermano Gabriel, cuando miembros de la AFI destruyeron el puesto que atendía su cuñada. Ambas participaron, junto con aproximadamente 100 personas más, en la protesta contra los agentes. Jacinta Francisco explica que antes de su detención las conocía sólo de vista y dice que en un momento “me enojé mucho con ellas, porque sabían que yo no había hecho nada, y no dijeron”, pero ha pedido su pronta excarcelación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoce que las tres mujeres indígenas sufrieron violaciones en sus derechos de seguridad jurídica, procuración de justicia y legalidad por parte de los entonces agentes de la AFI y del Ministerio Público Federal. Otros organismos como Inmujeres también han detectado errores en el proceso y la defensa de Jacinta puso de manifiesto contradicciones entre las declaraciones de los agentes federales de investigación, testigos de descargo y policías municipales. El proceso contra Alberta y Teresa debe finalizar en un lapso máximo de 30 días hábiles, contados a partir del ocho de octubre de este año.

Las otras Jacintas

El caso de Jacinta es sólo un ejemplo de lo que ocurre en el sistema de justicia mexicano, donde “se instrumentaliza el derecho penal para castigar a inocentes, (entre ellos) personas con mayor vulnerabilidad, como pueden ser mujeres pertenecientes a un grupo originario o indígena, y que además se encuentren en una situación de marginación económica”, explica el abogado Andrés Díaz.

Rosario García Gaytán, presidenta de Inmujeres, declara “tenemos 246 mujeres indígenas presas en el país por delitos federales” cuyos casos deberían ser revisados. A raíz de lo ocurrido a Teresa, Alberta y Jacinta, algunos legisladores han propuesto la creación de una Comisión de Asuntos Indígenas que, según la diputada priísta Sofía Castro Ríos, pedirá al Poder Judicial federal y estatal un informe detallado de las mujeres indígenas recluidas por procesos legales vigentes a fin de detectar posibles irregularidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un documento correspondiente al 91 periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), señala que “la presunción de inocencia se torna cada vez más vacía y finalmente se convierte en una burla cuando la detención previa al juicio es excesivamente prolongada”.