Foto: Ariana Cubillos/ AP

El coronel Hugo Chávez fue elegido por primera vez en febrero de 1999 y después en 2006. Su segundo mandato terminaría en 2012, pero en febrero de 2009 logró cambiar la Constitución para poder reelegirse indefinidamente. Hoy el modelo económico y político instaurado por Chávez apenas se sostiene: la actual economía de Venezuela —como la de antes— se finca 98 por ciento en la exportación del petróleo caro.

En las últimas semanas Chávez se ha dado a la tarea de perseguir a las figuras más reconocidas de la oposición —personas con prestigio y popularidad—, que tienen en común ser aquellas que podrían encabezar el creciente descontento social, además de la probabilidad de ser candidatos a la Presidencia y fuertes competidores de Chávez.

La crisis económica

En julio de 2008 el barril de petróleo llegó a los 126 dólares. En 10 años de bonanza el gobierno recibió 800 mil millones de dólares por su venta. Hoy el barril está en 37 dólares y representa para Venezuela una pérdida de 70 por ciento de los ingresos, con el agravante de que han cerrado 36 por ciento de las empresas privadas que había en 1998. Se estima que para 2009 el PIB caerá a -3.0 por ciento y a -5.4 por ciento en 2010. En el 2008 la inflación fue de 38 por ciento y la de 2009 será superior a 40 por ciento, la más alta de América Latina.

Para minimizar los efectos del fracaso el gobierno asegura que produce 3.4 millones de barriles diarios, pero el último informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y el de la OPEP dicen que la producción es de 2.4 millones de barriles al día. El gobierno sostiene que las exportaciones son de 2.9 millones de barriles diarios, pero la OPEP sostiene que son de 1.8 millones de barriles al día. La diferencia es de más de un millón de barriles diarios.

El 72 por ciento de esas exportaciones petroleras va a Estados Unidos. Venezuela es el cuarto proveedor de ese país después de Canadá, México y Arabia Saudita. Estados Unidos no le da ninguna importancia a los discursos antiestadunidenses de Chávez: sólo les interesa el petróleo. A la inversa es igual: 26 por ciento de las importaciones de Venezuela provienen de Estados Unidos y se han disparado desde la llegada del coronel.

Instalaciones de Petróleos de Venezuela. Foto: Laszlo Balogh/Reuters

Los efectos de la crisis

Más de 60 por ciento del presupuesto del gobierno se financia de la renta petrolera. Ante la caída de los precios, Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha dejado de pagar a sus proveedores y el gobierno no ha podido liquidar los cuatro mil 800 millones de dólares de las empresas nacionalizadas en 2008. La administradora de las plataformas petroleras acumula ya una factura de siete mil 500 millones de dólares, y no es la única: el Banco Central ha salido a vender oro de sus reservas para hacer frente al déficit presupuestario.

La inflación de los alimentos ronda el 50 por ciento. Se establecieron en 2002 precios fijos para la canasta básica por debajo de los costos de producción, disparando la escasez y generando un extenso mercado negro de productos básicos que cuestan el triple de lo que marca la canasta oficial. El gobierno culpa de esto a las empresas, y su estrategia ha sido nacionalizar y expropiar: en estos años se han confiscado 450 haciendas de alta producción y nacionalizado las industrias del acero y del cemento, así como parte de la que produce alimentos, tras lo cual hoy se produce menos y más caro. La solución ha sido elevar los subsidios.

La caída de la producción nacional ha incrementado la dependencia de los mercados internacionales. En 2008 se destinaron 50 mil millones de dólares —más del total de la venta petrolera a Estados Unidos— a la compra de alimentos, electrodomésticos y armas. En 2008, como ahora, se han sucedido los paros y protestas en prácticamente todos los sectores de los servidores públicos: petroleros, maestros, médicos, trabajadores de las empresas nacionalizadas y de las industrias estatales, desde la electricidad hasta el aluminio. En todos los casos el reclamo se originó en el incumplimiento del gobierno de las promesas salariales y las prestaciones.

El sector de la salud pública vive una crisis particular. En los 300 más importantes hospitales públicos hay un déficit de 50 por ciento del personal: entre 2004 y 2007 más de mil 200 médicos solicitaron trabajo en España. El salario promedio de un médico es de menos de mil dólares mensuales; el de un profesor universitario, con posgrado y 20 años de experiencia, de un poco más de mil dólares, todo en una sociedad donde la inflación raya en 40 por ciento anual.

El gobierno se vio obligado a tomar medidas impopulares para enfrentar la caída del precio del petróleo: incrementar de nueve a 12 por ciento el IVA, elevar la autorización de la deuda pública para este año de cinco mil 581 millones a 15 mil 813 millones de dólares, y reducir el presupuesto en ocho por ciento para llegar a 78 mil millones de dólares. Haberlo calculado con base en un barril de petróleo de 60 dólares hace que la diferencia entre la realidad y lo presupuestado sea de 40 por ciento, y con la posibilidad de que el presupuesto se reduzca o de que se eleve aún más el monto del endeudamiento.

La crisis política

El 23 de noviembre pasado se eligió a gobernadores y alcaldes. La oposición ganó los estados más ricos y poblados. En un principio Chávez dijo aceptar los resultados, pero después se dio a la tarea de complicar la toma de posesión y de reducir, por decreto, las facultades y atribuciones de los gobiernos ganados por la oposición, quitándoles la administración de puertos, aeropuertos y carreteras, además de la prestación de servicios públicos que ahora se han centralizado.

Antes de esa elección utilizó al Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por él, para inhabilitar a los candidatos opositores. En los últimos tres años han sido descalificados 272, es decir 90 por ciento de la oposición. En estos mismos años se ha encarcelado a 256 estudiantes universitarios acusados de promover y dirigir acciones contra el gobierno.

La persecución contra la oposición ha estado presente siempre, sobre todo a partir del segundo mandato, pero se ha radicalizado con la crisis. Los opositores ahora son acusados de “traición a la patria” y los periodistas y dirigentes de organizaciones sociales de querer “derrocar” o incluso “matar” a Chávez. Desde 2000 el gobierno tiene el control mayoritario del Poder Judicial y ahora también de la mayoría del Ejército.

Foto: Ariana Cubillos/ AP

Los perseguidos: Baduel, Rosales y Carriles

La detención del general Raúl Baduel, quien fue ministro de Defensa y renunció en 2007 al no estar de acuerdo con los cambios constitucionales que daban mayor poder al presidente, se realizó cuando Chávez visitaba Irán. El general está recluido en la prisión de Rancho Verde, en las cercanías de Caracas, en espera de juicio.

El Fiscal General del Ejército acusó a Baduel de corrupción, pero él dice que su detención obedece a una orden expresa de Chávez. El general tiene un gran reconocimiento y respeto dentro del Ejército e incluso en las filas del chavismo, porque fue quien dirigió el operativo que tras el “breve” golpe de Estado devolvió a Chávez a la presidencia en 2002. El papel que jugó Baduel fue también clave en 2007 cuando Chávez perdió el plebiscito que pretendía cambiar la Constitución para permitirle la reelección permanente. Su intervención impidió el fraude al convencer al Ejército de que si no se respetaba el resultado se iba a desatar la “guerra civil”.

Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo, fue candidato en la elección presidencial de 2006 y gobernador del estado de Zulia. Sabedor de la maniobra que se tramaba contra él —se le quería tomar preso al mismo tiempo que a Baduel—, pasó a la clandestinidad. Desde ahí ha dicho estar dispuesto a ir a los tribunales si le garantizan un “juicio justo”. Pero los tribunales, violando la ley, se niegan a entregar a la defensa la información sobre la acusación mientras el coronel Chávez, para asegurarse la venia de los jueces, trasladó el juicio a Caracas.

Los otros perseguidos son César Pérez, gobernador de Táchira, y Enrique Salas, de Carabobo, además de Enrique Carriles, quien se registró como candidato hasta que el CNE lo inhabilitó. Para las elecciones del 2009 Carriles regresó del exilio en Perú y ganó la gubernatura de Miranda. Ahora se ha reabierto la causa contra él, disuelta en 2006.

La persecución desatada por Chávez va a continuar. El presidente se propone, ante los efectos de la crisis que provoca cada día un mayor malestar social, descabezar los liderazgos que puedan aglutinar el descontento de la ciudadanía e impedir así fortalecer cualquier candidatura a la Presidencia que no sea la propia.

Sólo los venezolanos pueden hacer frente a la cerrazón y el creciente autoritarismo del gobierno chavista. La ciudadanía y la oposición tienen que demostrar de qué están hechos. En el resto del mundo, ya lo veremos.