Foto: Enrique de la Osa / Reuters

La Revolución Cubana triunfa en diciembre de 1959 y, un año y medio después, en abril de 1961, en Playa Girón, se da un intento de invasión a cargo de exilados cubanos con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. La iniciativa es sofocada y Fidel Castro, en busca de protección, se alía con la Unión Soviética declarándose “marxista-leninista”. El fracaso de

Bahía de Cochinos revela al gobierno del presidente John F. Kennedy que la Revolución cuenta con apoyo popular, y que no le será fácil deshacerse de Castro.

En ese momento la confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos se desplaza hacia la América Latina, instalándose la Guerra Fría en la región. En ese horizonte de lucha abierta por la hegemonía entre las potencias hay que ubicar la VIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Punta del Este, Uruguay, inaugurada el 22 en enero de 1962.

El debate y la resolución

La reunión fue citada con el propósito de sancionar a Cuba por haber adoptado el marxismo-leninismo. Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en el tradicional hotel San Rafael y desde el inicio un grupo de cancilleres sostuvo que, si se aislaba al gobierno cubano, éste se iba a radicalizar, provocando en consecuencia el endurecimiento de la izquierda en todos los países de la región.

Las discusiones duraron 10 días, girando en torno a los “castigos” económicos y diplomáticos que debían aplicarse a Cuba de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Río de Janeiro. En los debates se consideró imposible que éstos se pudieran implementar, abriéndose entonces la discusión sobre la posibilidad de que Cuba fuera expulsada de la OEA.

La mayoría se inclinaba por la expulsión, aunque una minoría intentaba evitarla y encontrar una salida de compromiso. Quienes estaban a favor de la expulsión repetían el discurso del gobierno estadunidense: el marxismo-leninismo resultaba incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento cubano con el bloque comunista quebrantaría la unidad y la solidaridad hemisférica. Al final, de los 21 países, 14 votaron por la expulsión, seis se abstuvieron (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México) y sólo el acusado votó en contra. Los que se abstuvieron tuvieron que negociar con el gobierno de Estados Unidos, que los presionó con todo, para que nadie votara en contra de la resolución. Washington terminó por admitir que se pudieran abstener, siempre y cuando no intentaran convencer a los otros de cambiar su voto.

En febrero de 1962, un mes después de la expulsión de Cuba de la OEA, el presidente Kennedy dispuso el bloqueo comercial y financiero contra la Isla. El embargo ha marcado las relaciones de Estados Unidos con Cuba, pero también al resto de América Latina, demostrando a través de los años no sólo ser injusto, sino un gran error político que ha terminado por fortalecer al gobierno cubano.

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega aplaude durante la Asamblea General de la OEA celebrada en Honduras. Foto: Orlando Sierra / AFP

Las consecuencias inmediatas

La presión del gobierno de Estados Unidos logró su objetivo, pero le trajo dos grandes problemas a la región: La radicalización de la izquierda, que daría lugar al surgimiento de guerrillas montadas sobre el ejemplo cubano del Movimiento 26 de Julio y, paradójicamente, el endurecimiento de la derecha, que se sintió tan amenazada como fortalecida. Este último efecto pocos lo habían considerado, pero resultaría trágico para América Latina: se propició el camino de los golpes militares y el establecimiento de las dictaduras. Salvo México, todos los gobiernos de los países que se abstuvieron de la votación de 1962 en los dos o tres años siguientes fueron derrocados para instaurar dictaduras militares. El pretexto de la lucha contra el “comunismo”, siempre con el apoyo de Estados Unidos, justificaba destituir a las democracias a las que fácilmente podía acusárseles de izquierdistas.

La historia de San Pedro

A la Asamblea de Ministros de Relaciones de la OEA celebrada en San Pedro Sula, Honduras, el pasado dos y tres de junio, tanto su secretario general, José Miguel Insulza como los países del ALBA (Venezuela, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador) llegaron decididos a derogar la resolución de 1962. Su argumento, no sin razón, apuntaba a que lo que entonces realmente decidió la expulsión de Cuba fueron los intereses de Estados Unidos metidos de lleno en la Guerra Fría, y sostuvieron que la derogación debía verse como una reparación simbólica de carácter histórico que debía otorgarse al gobierno cubano.

Como en 1962, el pasado martes dos de junio los cancilleres de los 34 países se dividieron en dos grupos; el minoritario, que empujaba la derogación de la resolución sin ninguna condición y el mayoritario, que estaba de acuerdo, pero sobre la base de algunos compromisos. Después de 13 horas de debate no hubo consenso. La canciller mexicana, Patricia Espinosa, hizo pública la existencia de un texto sobre el que había gran acuerdo, pero la mayoría insistía en que la resolución debía ser unánime, y los países del ALBA, que expresaban la posición cubana, no aceptaron al final del día los términos de la resolución.

Ese mismo día el secretario General de la OEA reiteró la necesidad del consenso. Quería cerrar la posibilidad de que alguna delegación propusiera el mecanismo del voto, con el cual la OEA se agrietaría y el grupo minoritario —los integrantes del ALBA— podrían tomar la resolución de salir en bloque de la organización y formar un mecanismo alterno.

Al día siguiente se retomó la discusión. Los países del ALBA —con la aprobación de los cubanos— asumieron que si no cedían en algo la resolución no saldría. Las posiciones, entonces, se flexibilizaron y, a las 14.00 horas del pasado tres de junio, después de 47 años, se revocó aquella expulsión del 31 de enero de 1962. El compromiso fue que si Cuba estaba interesada en regresar al organismo, sería sólo como resultado de un proceso de diálogo “de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA”. Fidel Castro, a título personal, ha dicho que Cuba no está interesada, pero bien se sabe que la posición del gobierno cubano es otra.

Barrio de La Habana. Foto: Enrique de la Osa / Reuters

El acuerdo, pese a su carácter simbólico, es un triunfo histórico para los países de América Latina. Se deshicieron de una decisión absurda y vetusta que les fue impuesta, en el marco de la Guerra Fría, en aras de los intereses de Estados Unidos, y la OEA justificó finalmente su razón de ser como foro de discusión y toma de acuerdos. Ganan Cuba y los países del ALBA, pero también el gobierno de Barack Obama, que logra así la distensión de sus relaciones con América Latina marcando distancia con sus antecesores.

El futuro

Sigue en pie la discusión de fondo en torno a la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima el 11 de septiembre de 2001, que establece que los países miembros deben ser democracias representativas cuyos elementos centrales son: “…el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Cuba no cumple estos requisitos, ni tampoco con los establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada en 1968 y ratificada en los ochenta.

Pero lo que ocurre hoy claramente en Venezuela y Bolivia y, en menor medida, en Ecuador, entre otros países, les impide cumplir tanto como a Cuba con lo requerido por la Carta. La OEA se ve frente a una disyuntiva: ¿Se les expulsa o no de la organización? Conviene recordar una paradoja: la única vez que la Carta se invocó como defensa de un Estado fue para defender al presidente Hugo Chávez del golpe militar en su contra en 2004.

En este momento lo más rentable para Cuba, Estados Unidos y el resto de los países de América Latina es que se levante el embargo, que como sea desde hace años no se cumple mientras Estados Unidos es hoy el cuarto socio comercial de Cuba. La medida tendría una carga simbólica mayor al regreso a la OEA, pero sobre todo implicaría cambios reales en la relación de ambos países y tendría un gran impacto en la vida cotidiana de los cubanos: se vendría abajo el mayor argumento utilizado por el gobierno cubano para justificar su fracaso económico permanente, y caería por tierra la coartada de que limitar las libertades sirve para no dar espacio a que el enemigo las aproveche y atente contra la Revolución. Pero hace años que dejó de existir esa posibilidad: hoy el mayor enemigo de Cuba es su propio sistema y el grupo que lo encabeza.