Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

A media semana, Florence Cassez recibió la mala noticia en el Reclusorio Femenil de Tepepan: el presidente Felipe Calderón anunció que su gobierno le negaba la posibilidad de pagar sus culpas en su país. “Es más que una injusticia, es inadmisible, asqueroso”, soltó indignada, y dijo a los periodistas franceses, vía telefónica, que había confiado en Calderón porque el pasado ocho de marzo dijo que estaba de acuerdo con su repatriación.

En París, el ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos del gobierno de Nicolás Sarkozy se apresuró a difundir un comunicado en el que también hacía pública su profunda decepción. El diario Libération dejó ver su inconformidad en un rabioso arrebato lírico: “El gobierno mexicano le ha cortado a Cassez la hierba bajo los pies: a unos días de las elecciones legislativas ha anunciado en la televisión su no”. Fundado por Jean-Paul Sartre, este diario ha tenido entre sus principios desde sus orígenes la defensa de casos jurídicos de interés sociopolítico, en particular los relacionados con delincuentes de dudosa culpabilidad, y ha mantenido en la cobertura constante del asunto Cassez una actitud muy belicosa, racista y despectiva hacia los mexicanos y su sistema judicial. Como buena parte de la prensa francesa, ha insistido en la inocencia de Cassez, tomando como válida su propia afirmación en este sentido, y la ha presentado a los ojos de los franceses como una víctima en un país de bárbaros. Ahora la describe piadosamente como deprimida y muy enflaquecida y da cuenta de que no echó mano en su momento del recurso de apelación ante su condena de 60 años de prisión para acogerse en cambio a los beneficios de la Convención de Estrasburgo, que le permitirían purgar su condena en su país, donde la pena máxima es de 20 años.

Al mismo tiempo reproduce las declaraciones de Franck Berton, el abogado de la francesa, que insiste en ver a su defendida como rehén de la justicia mexicana y juzga que Calderón va a perder las elecciones, por lo que tiene necesidad de hablar sobre la seguridad. La del presidente mexicano, asegura, “no es una decisión judicial, es una decisión electoralista que tiene como destino a la opinión pública”.

Pero lo más significativo del pronunciamiento de Calderón, ciertamente peculiar en tanto que es el Ejecutivo y no el Judicial el poder que publicita el no, haciendo del caso una cuestión de Estado, es que puso de cabeza a los medios aquí y en Francia al invertir los polos de la opinión. En México Calderón cuenta con el aval de la mayoría para mantener en Tepepan a Cassez, pero también enfrenta ahora una andanada de agrias acusaciones de muchos que consideran como desafortunado, electorero y tardío su anuncio. Y en Francia, la sistemática campaña mediática que había definido a Cassez como indefensa víctima perdió súbitamente su efecto, de modo que ahora la prensa difunde ya los resultados de encuestas públicas que hablan en general del respeto a las decisiones jurídicas de un país que tiene bien identificados sus más ingentes problemas, en particular el del secuestro.

Está claro que el asunto Cassez no ha terminado aquí, como han advertido el gobierno francés y el abogado Berton, pero los tintes nacionalistas que le daban realce ante los medios han disminuido en gran medida. Sólo falta despolitizarlo para que retome su perfil esencialmente criminal.
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Profesor-investigador de la UAM-Iztapalapa.